La conversión de la acción penal pública en privada se prevé a pedido de la víctima cuando el fiscal aplicara un criterio de oportunidad, solicitara el sobreseimiento al final de la investigación preparatoria o si se tratara de un delito que requiera instancia de parte. En este caso, se requerirá el consentimiento de todas las víctimas aun en aquellos casos en donde solamente alguna de ellas se constituyera en parte querellante. Por su parte, se incorpora la posibilidad de la conciliación mediante la cual la víctima y el imputado pueden efectuar acuerdos conciliatorios en los casos de delitos con contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas o en los delitos culposos siempre que no existan lesiones gravísimas o resultado muerte. El procedimiento requiere que dicho acuerdo se presente a ser homologado por el juez, el que puede convocar una audiencia con todas las partes. Una vez acreditado el cumplimiento del acuerdo, se extingue la acción penal; si el acuerdo se incumple, la víctima o el fiscal podrán solicitar la reapertura de la investigación. La Mediación se regula como facultad del Fiscal, quien a los efectos de lograr un acuerdo conciliatorio, puede, de oficio o a petición de partes, someter el conflicto a mediación, hasta el cierre de la investigación penal preparatoria. En este caso, el fiscal debe dar intervención a un mediador oficial para la solución del conflicto. El procedimiento de mediación no puede exceder el plazo de treinta (30) días y se rige por los principios de voluntariedad, confidencialidad, celeridad e imparcialidad. Si como consecuencia de la mediación se celebra un acuerdo entre partes y el mismo es cumplido el imputado es sobreseído. La Reparación Integral del Perjuicio implica la posibilidad para el imputado de formular un ofrecimiento reparatorio de las consecuencias derivadas del delito a favor de la víctima, que en caso de ser admitido por el Fiscal y debidamente cumplido, implica el dictado del sobreseimiento del imputado.